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Inextenso (panbolivia.com) agosto 24 de 2021, La Paz.- El Tribunal Supremo de Justicia, manejado por el gobierno de Luis Arce y operadores del MAS, aceptó los cargos de la Fiscalía General masista del Estado que deja en manos de la Asamblea Legislativa la aprobación del juicio de responsabilidades.
Esta nueva figura demuestra que la justicia den Bolivia esta torcida al favorecer al partido de gobierno de Luis Arce, cuando el genocida fue Evo Morales y ahora inculpan de manera falsa, como parte de su venganza. Evo ordenó que no ingresen alimentos a las ciudades el 2019, no dejó que ingrese medicamentos utilizando al actual dirigente de la COB Huarachi.
El Tribunal Supremo de Justicia aceptó remitir la proposición acusatoria a la Asamblea legislativa masista en contra de Jeanine Añez por los delitos de genocidio, lesiones leves y graves, lesiones seguida de muerte por los hechos de Sacaba y Senkata ocurridos en noviembre de 2019.
Sobre el tema Jorge Valda, abogado de la expresidenta constitucional, calificó como una «atrocidad y una aberración» acusarla ahora de genocida pues cuando se habla de terrorismo y genocidio o los múltiples procesos que se le ha iniciado no se ha presentado una sola prueba.
«No conocemos en absoluto un solo elemento de prueba que vincule o relacione la participación de Jeanine Añez como presidenta para generar los hechos de violencia que se han dado», sostuvo en declaración a medios paceños.
Recordó que el informe del GIEI, que identificó problemas en la administración de justicia, señala que «se debe investigar a todos por igual» y que ahora se muestra, «una vez más» que el fiscal del MAS Juan Lanchipa, no solo que ha perdido la objetividad, imparcialidad e independencia, sino que «ha perdido hasta la vergüenza porque lo que está haciendo es una atrocidad».
Agregó que el “Nuevo pliego acusatorio se suma a la lista de peticiones que realiza la Fiscalía General masista del Estado como parte de la persecución política que obedece a una venganza, no a un juzgamiento real, en este caso en particular, deberá pasar a la comisión de justicia y constitución para que llegado el momento la ALP tome la decisión, y si alcanza los 2/3, tendría que ir a un juicio de responsabilidades», apuntó.
Por su lado el Tribunal Supremo de Justicia, Ricardo Torres Echalar, informó que los nueve magistrados que componen este Órgano del Estado aprobaron el requerimiento en Sala Plena y tal como lo dispone la Ley del Juicio de Responsabilidades y que ahora el trámite pasa a manos de la Asamblea.
La ley establece que una persona como exmandataria no puede ser enjuiciada hasta que exista la aprobación de la Asamblea Legisltativa por lo que «esta decisión de detenerla es porque no tienen los 2/3»
Solicitud
El abogado, informó que se ha hecho la solicitud para que puedan modificarse las medidas cautelares y Añez pueda tratarse clínicamente «las patologías que se han demostrado» pues «su salud y su vida están en absoluto peligro».
