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In extenso (panbolivia) agosto 9 de 2021, La Paz.- La Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) indica los errores y las omisiones más evidentes del “pobre” estudio encargado por el Fiscal General de Bolivia Juan Lanchipa sobre las elecciones del 2019, donde Evo Morales hizo el megafraude para intentar perpetuarse en la presidencia, aunque antes ya hizo otro al no obedecer el referéndum donde le negaron esa posibilidad de ser reelecto.
El documento «El informe del análisis pericial reconoce que el trabajo realizado fue acotado, que fueron posibles las alteraciones manuales de los sistemas y bases de datos, que personas no identificadas podían efectuar cambios y no dejar rastros, que no existió supervisión y que no se puede garantizar la integridad y autenticidad de la evidencia», anuncia la secretaria en un comunicado público.
Como bien se conoce el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, fue quien presentó los resultados de la “Pericia en el Área de Seguridad Informática y Administración de Redes” sobre la integridad informática de los resultados de las elecciones del 20 de octubre de 2019, encargada por el Ministerio Público al “Grupo de Investigación Deep Tech Lab de BISITE” de la Fundación General de la Universidad de Salamanca – España.
El trabajo supuestamente de análisis fue revisado por la OEA y elevó sus conclusiones al anunciar que «a pesar de las profundas deficiencias de este informe pericial, la Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia resalta que su principal acierto es que confirma los graves hallazgos en materia informática contenidos en el Análisis de Integridad Electoral llevado a cabo por la SG/OEA a petición del Gobierno de Bolivia en 2019», lo que implica que efectivamente se manipuló lo datos en el sistema de conteo en computación.
La Organización internacional indica que algunas «significativas omisiones del informe de Corchado, Plaza y López» que, si bien describe herramientas empleadas y actividades de análisis, no menciona el concepto de superficie de ataque, y omite documentar la exposición a Internet a través de un dominio privado (neotec.cc).
Revela que los académicos de la universidad española que fueron contratados por la Fiscalía no mencionan la falta de trazabilidad de las imágenes de actas del TREP, que debió ser sustentada con los metadatos de las mismas y «tampoco hacen referencia a que el informe de la empresa auditora Ethical Hacking confirmó que los administradores operaron en un lugar remoto y sin supervisión de ellos ni de la DNTIC».
Al respecto precisa que «El informe no hace alusión a las técnicas anti-forenses, que pudieron aplicarse libremente en la infraestructura del TSE y que facilitan la manipulación, sobreescritura, o eliminación de la potencial evidencia, con el objetivo específico de evitar la detección por parte del perito forense», aclara la secretaría de Estados Americanos.
La solicitud de sobreseimiento deberá ser evaluada por un juez. Además, se debe notificar a los acusados como a los denunciantes que tienen derecho a impugnar esta resolución. (rc/bs)
