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In extenso (panbolivia) 3 septiembre de 2021, La Paz.- En Conferencia de prensa el expresidente de Bolivia, Carlos Mesa, calificó como una “acción canalla”, el juicio iniciado en su contra por el caso Quiborax, que según su criterio fue el gobierno de Evo Morales quien no defendió al país, agregó que no tiene miedo a que le realicen este proceso.
Y efectivamente el juicio es parte de la agenda masistas en perseguir a los políticos no masistas, como parte de su “venganza” del actual gobierno de Luis Arce manejado por Evo Morales que sigue metido en las gestiones públicas.
“No temo, yo no temo absolutamente en nada, yo lo que estoy haciendo es acusar a los verdaderos responsables de este hecho, yo me voy a someter a lo que venga, lo que importa aquí no es el porcentaje de votos, sino la razón de la administración de justicia”, dijo.
El expresidente recordó además que existe un Decreto de amnistía que es inviolable. “Esa es una decisión jurídica, esa es una decisión de causa estado y que no es modificable”, agregó.
Además, sostuvo que lo enjuician por haber nacionalizado el Salar de Uyuni y por haber expulsado a una empresa pirata.
El líder de Comunidad Ciudadana hizo un recuento sobre lo ocurrido en su gestión como presidente del Estado (2003-2005) y el litigio que se inició con la empresa chilena NMM-Quiborax en la que indicó que se hizo, primero, una nacionalización, ampliando como tierra fiscal a toda la costra salina.
Señaló que se hizo una revisión sobre las concesiones «arbitrarias que se habían hecho antes de mi Gobierno» a empresas para explotar «arbitrariamente el Salar», se encontró ilegalidades que beneficiaban a la firma Quiborax que además «no pagaba impuestos, no respetaba temas ambientales y declaraba exportaciones muy inferiores a lo que realmente exportaba», en otras palabras, «expulsamos a esta empresa del país».
Hizo énfasis en que la anulación de la concesión que se hizo en octubre de 2004 fue validada y ratificada por el Gobierno que le sucedió y que administró Eduardo Rodríguez Veltzé.
El juicio de responsabilidades por el caso Quiborax es consecuencia de la denuncia planteada por la Procuraduría General del Estado contra Mesa por presuntos actos ilegales en la reversión de las concesiones y que derivaron en un proceso arbitral ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), del Banco Mundial.
El líder de Comunidad Ciudadana, aseguró que la empresa chilena falsificó el acta de conformación lo que estableció una mayoría accionaria extranjera para que se inicie este proceso pero que, cuando asumió Evo Morales, su Gobierno no hizo el reclamo para decir «que Bolivia no aceptaba ese juicio internacional y rechazó un acuerdo que le ofreció la empresa de pagar 3 millones de dólares, que ya era mucho, en compensación cuando esta firma no había invertido ni siquiera 600.000 dólares».
Precisó que «El final de la historia es que Bolivia acepta pagar 42 millones de dólares» y lo hace mediante un acuerdo en el que participan ex y actuales autoridades del Estado boliviano y que «esta acción delictiva que le roba a Bolivia, ¿La hace Carlos Mesa?, no», dijo Mesa en conferencia de prensa.
Considera que hay una pretensión «totalmente mentirosa» de pretender hacer justicia cuando en realidad «lo que quieren es blanquear a sus responsables y establecer la impunidad disfrazada de búsqueda de justicia». (rc/bs/mc)
