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IN EXTENSO (panbolivia) septiembre 22 de 2021, La Paz.- La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP) repudian la inconstitucional y violenta aprehensión del periodista Carlos Quisbert de Página Siete, y la gasificación del camarógrafo Santiago Limachi y su hijo Sergio, de una agencia internacional de noticias, cuando cubrían el conflicto en la Asociación Departamental de Productores de Coca de La Paz (Adepcoca).
Según ha relatado Quisbert, en la tarea de cubrir y documentar esos hechos no sólo fue amedrentado por agresivos uniformados de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP) sino que inclusive fue arrollado por la motocicleta de uno de estos oficiales y al reclamar por esa acción fue reducido con violencia, gasificado, enmanillado, liberado y detenido por segunda vez para ser conducido a dependencias policiales, en una lamentable cadena de sucesos caracterizados por el excesivo uso de la fuerza.
En un video que ha llegado a la ANPB y a la APLP, se puede apreciar que los efectivos de la UTOP gasifican al camarógrafo Santiago Limachi, a su hijo Sergio y a un grupo de personas; Limachi, quien efectuaba también la cobertura del conflicto, tuvo que recibir apoyo, porque fue alcanzado en la pierna por uno de los proyectiles de gas lanzados por los policías.
Los gremios periodísticos de mayor vida institucional en el país rechazan estos despreciables abusos contra los colegas Carlos Quisbert, Santiago Limachi y su hijo Sergio y recuerdan al Gobierno que los derechos a la libertad de expresión, a comunicar y a informar están garantizados tanto a los periodistas como a los medios por el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por los artículos 21, 106 y 107 de la Constitución Política del Estado, por la Ley de Imprenta y por el Código Nacional de Ética Periodística.
La Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, en el Principio 9, señala específicamente que “el asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresió”.
Al cometer estos abusos contra estos informadores, el Gobierno, mediante la Policía, no solamente ha vulnerado sus derechos humanos e individuales a la libertad de expresión, sino también los de todas las personas que debían haber recibido esas noticias sobre el conflicto en Adepcoca.
El gobierno del presidente Luis Arce, como ya lo hemos advertido al momento de rechazar el intento de eliminación del secreto de imprenta o de fuente mediante el inconstitucional proyecto de Ley contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, lamentablemente revela una deriva autoritaria y más cuando cercena el derecho a la libertad de expresión, la libertad de prensa, ejecuta la aprehensión del periodista Quisbert y la agresión contra el camarógrafo Santiago Limachi y su hijo Sergio, lo cual configura un cuadro de claros indicadores de una seria lesión a los valores democráticos en el país.
Sin libertad de expresión no hay democracia, sin libertad de prensa, con periodistas encarcelados o brutalmente gasificados y es necesario remarcar al poder que la democracia muere cuando, en medio del excesivo uso de la fuerza, no hay luz ni transparencia. (rc/md)
