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In extenso (panbolivia.com) octubre 28 de 2021, La Paz.- El gobierno de Luis Arce y Tribunal de Constitución tras coordinar para emitir una decisión de inconstitucionalidad al gobierno de la presidenta constitucional Jeanine Añez y que ahora dicen lo contrario, cuando ellos avalaron esa gestión, al final se conoce el objetivo y la mala intención de que esa medida provoque sea enjuiciada por la vía ordinaria y de esa manera evitar que sea como expresidenta.
La mala intención masista es clara, algo peor miembros del Tribunal de Constitucional no es ninguna garantía y ponen en riesgo en precautelar los derechos los bolivianos, ya que es manejado y camina al ritmo de los políticos de turno.
El Presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), es Paul Enrique Franco, quien juntos otros miembros, facilitaron la labor de los masistas al anunciar la mentira de que el gobierno de Añez fue inconstitucional.
SIGUEN LAS DETENCIONES POLÍTICAS
En el mismo sentido la fiscalía imputó a los exmiembros del Alto Mando de las Fuerzas Armadas de 2019 en el caso inventado y mentiroso golpe de Estado por parte de la presidenta constitucional Jeanine Áñez como parte de un “premeditado plan” de los masistas para encarcelar a los de la anterior gestión como fuese.
Los imputados son el exjefe de Estado Mayor Flavio Gustavo Arce; el excomandante del Ejército Partor Mendieta; el excomandante de la Fuerza Aérea Gonzalo Terceros; y el excomandante de la Armada Palmiro Jarjury. Todos están en la cárcel por el caso golpe de Estado I y ahora la Fiscalía solicitó sean detenidos preventivamente por seis meses.
El abogado defensor Eusebio Vera deslindó responsabilidades de sus defendidos en la toma del poder de Áñez, porque –aseguró- ese proceso se desarrolló en la Asamblea Legislativa Plurinacional.
La imputación firmada por los fiscales Omar Mejillones y Lupe Zabala es por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la ley.
Áñez es la principal acusada en esta causa, activada por la toma de la presidencia del Senado sin cumplir normas ni el reglamento interno, y derivada del caso del mentiroso e inventado golpe de Estado por el gobierno y sus operadores, cuando fue el pueblo movilizado, millones de bolivianos pidieron la renuncia del corrupto Evo Morales, queine debería estar en la justicia, pero es encubierto por el gobierno de Luis Arce.
Las conclusiones expuestas por la Fiscalía, los exmandos militares tuvieron una “participación dolosa” en lo que denominó “el acto final de investidura presidencial irregular».
Para la Fiscalía manejada por el MAS, la sugerencia” de dimisión del alto mando militar a Morales tenía un “carácter de imposición” es su interpretación subjetiva y con ello se armó un juicio.
Como conocen millones de bolivianos el excomandante de las Fuerzas Armadas Williams Kaliman y todo su Alto Mando “sugirieron” en una conferencia de prensa a Morales dejar la Presidencia del Estado. Morales dimitió poco después, acorralado también por el motín policial y la protesta cívica.
La imputación fue en base a esta sugerencia pública establece que los exmandos con su accionar “desconocen, omiten y excluyen” el mando de su Capitán General. “La participación dolosa de los imputados es decisiva en el acto final de investidura irregular”, según dicen los fiscales del masismo.
Además, acusan a militares de “haber apoyado y colaborado a la exsenadora Añez en su autoproclamación, siendo que no se constituyó sesión de Asamblea Legislativa Plurinacional alguna”, cuando los legisladores masistas no quisieron hacerlo y al parecer el plan de los masistas el 2019 era distraer el Megafraude que hicieron previo la trampa y el engaño del referendo de 2019 que también fue otro fraude por parte el MAS.
El gobierno y sus operadores junto a la justicia buscan la aguja en el pajal para acusar e intentar decir que hubo golpe, cuando millones de bolivianos saben que eso no es verdad y que mienten a una parte de los habitantes, especialmente a los seguidores de ese movimiento político. (rc/bs/md)
