IN EXTENSO.- El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) firmó en agosto, la Sentencia Constitucional 0076/2023 que declara la nulidad de varios artículos de la Ley Departamental de Santa Cruz número 98, en lo referido a la competencia de la administración departamental de administrar, crear o declarar unidades de conservación, áreas protegidas o patrimonio natural dentro de su territorio autónomo.
Lo que explica que en el área entre Güendá – Urubó puede construirse además de la carretera Las Cruces – Buena Vista, siendo que el gobierno los distraía con diálogos de sordos, activaron a los operadores de justicia para salir son su gusto, construir por el gobierno dice.
La sentencia se basa en el artículo 298 de la Constitución Política del Estado (CPE), que establece las competencias privativas y competencias exclusivas del nivel central. Según el TCP, esto anula varios artículos de la Ley Departamental 98, promulgada el 21 de mayo de 2015 por el gobierno departamental bajo el título de “Ley de Conservación del Patrimonio Natural del Departamento de Santa Cruz”.
Según la diputada cruceña María René Álvarez, denunció este martes que eso afecta directamente a la Unidad de Conservación del Patrimonio Natural Guendá Urubó, creada por la Gobernación de Santa Cruz, ya que abre la posibilidad de que se construya la cuestionada carretera por esta zona, donde se encuentran los acuíferos.
El tribunal señala que el patrimonio natural es responsabilidad y atribución exclusiva del Estado, de acuerdo con el Artículo 346 de la CPE, lo que resulta en la anulación de los alcances de la normativa departamental que permitía la administración de espacios territoriales de conservación, unidades de conservación, y el patrimonio natural del departamento, incluyendo el corredor de conservación.
Mientras que el diputado Erwin Bazán aseguró que se trata de “un nuevo golpe del centralismo” usando la justicia para atentar contra las autonomías, atentando a los cruceños.
Por su lado, los magistrados del TCP exhortaron a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) a iniciar el tratamiento de la Ley del Patrimonio Nacional durante la presente gestión, con el objetivo de que sea sancionada en un plazo no mayor a los seis meses.
Mario Aguilera de la gobernación salió al paso y dijo, que la sentencia del TCP va en contra de las autonomías, medio ambiente en una decisión equivocada. rc/jl/rp/panbolivia.net/Santa Cruz.
