IN EXTENSO/Cochabamba.- El gobierno de Luis Arce dio la orden mediante el Ministerio de una amotinamiento y protestas de los reclusos en la cárcel del Abra de la ciudad de Cochabamba para evitar que la Comisión del Senado puede entrevistarlo al General Juan José Zúñiga sobre el autogolpe, armado por el Presidente y sus allegados en junio del 2024, según la denuncia hecha pública del senador Willian Tórrez que encabeza las investigaciones del del caso.
El legislador dijo que extrañamente se armó el motín de los reclusos y justo cuando estaban ingresando al penal para ser entrevistado por la Comisión del Senado Nacional “esto esta armado por el gobierno para evitar que conozcamos la verdad (aunque ya se sabe que Luis Arce ordenó el autogolpe para mejorar sum popularidad”, pero no nos detendremos, estaremos en la `puerta del penal hasta entrevistarlo a Zúñiga” dijo el representante.
Agregó que el “motín o protestas de los reos fue programado y armado por el ministerio de gobierno y la policía”, indicando además que todo es extraño y que los administradores del penal están enseñados u ordenados por el ministerio de gobierno e incluso anuncian que esta en riesgo la vida del detenido y que buscan poner a los reos en contra del es general que no le dejna decir la verdad, aunque los bolivianos ya conocen, pero ahora pretenden volverlo “loco” para desacreditarlo y la otra atentar con su vida para silenciarlo del falso golpe que ordenó Luis Arce.
ABOGADA
En tanto la abogada de Zúñiga, salió al paso que también se encuentra en la ciudad de Cochabamba, quien declaro a los medios que el ex general esta en riesgo de su vida, ya que los administradores de la cárcel pusieron en contra de su defendido, acusándolo de varios controles seguidores entre los reos, aspecto que vienen molestando, pero provocado por los funcionarios del penal.
También dijo que su condición como detenido preventivo y no es un reo, es precaria y que incluso no tienen una cuchara para ingerir la comida, pues fue recluido a una celda pequeña, sin mediar los derechos humanos, mientras el de Defensor del Pueblo se mantiene cómplice del hecho, al no manifestar las condiciones de su defendido.
Zúñiga, sufre los embates de los políticos del gobierno, ante las medidas que asumen, pues tratan de evitar que diga la verdad, aunque la misma ya se conoce entre los bolivianos, pero el gobierno intenta callarlo y aislarlo de la prensa nacional, además de los investigados el caso (panbolnoticias.com) ¡BICENTENARIO DE BOLIVIA!
