IN EXTENSO/Santa Cruz .- El Tribunal de la Sala Constitucional Segunda de Santa Cruz informó que fue retirada la acción de cumplimiento que pretendía la inhabilitación de candidatos presidenciales que actualmente ocupan cargos públicos, entre ellos ministros y legisladores postulantes a las elecciones de agosto y en tanto los ciudadanos en la redes sociales instan a los bolivianos a no apoyar esos candidatos por utilizar abusivamente los bienes del estado, viáticos, choferes, instalaciones, electricidad, computadoras y personal del estado para favorecerse personalmente como candidatos.
La demanda, inicialmente fue presentada por el diputado Henry Gutiérrez Farrel, aliado político del exalcalde cochabambino Manfred Reyes Villa, fue formalmente retirada, y los vocales Efraín Cruz Limachi y Aldo Quezada aceptaron dicha decisión, declarando nulo el proceso judicial, aunque no fueron los únicos ya que otros abogados detectaron el abuso permitido por la normas y acomodadas por los masistas para las elecciones.
Se trata también de otro consorcio de abogados Villarroel Miranda presentó el recurso legal para inhabilitar las candidaturas presidenciales del presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, del senador Rodrigo Paz, y de los alcaldes de El Alto, Eva Copa, de Santa Cruz, Jhonny Fernández, y de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, porque no renunciaron a sus cargos para postularse, por cuanto instan a los bolivianos a votar por estos candidatos que abusan de los bienes del estado y sacan ventaja sobre otros y no tienen la moral de renunciar y su conducta es cínica por utilizar los bienes del estado como personal en el caso de los mencionados.
La acción fue cuestionar al vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Óscar Hassenteufel Salazar, y exigir que se aplicaran restricciones a la postulación de autoridades en ejercicio, bajo el argumento de que ello vulneraría el principio de equidad electoral.
El denunciante Gutiérrez, comunicó oficialmente a la Sala su determinación de dar un paso atrás. En el escrito presentado, argumentó que “la unidad de Bolivia está por encima de cualquier situación personal y particular”, por lo que solicitó el archivo definitivo del caso y pidió copias legalizadas de toda la documentación vinculada al proceso ¡BICENTENARIO DE BOLIVIA!
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