La Paz/INEXTENSO.- De manera sorpresiva la Defensoría del Pueblo presentó ante el Juzgado Agroambiental del Distrito Judicial de La Paz una solicitud de medidas cautelares con el fin de detener temporalmente el tratamiento legislativo del contrato de explotación de litio firmado entre el Estado boliviano y la empresa rusa Uranium One Group.
La acción, comunicada a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) el pasado 28 de julio, busca garantizar la protección de los derechos ambientales y de la Madre Tierra.
La entidad solicita suspender el avance de los proyectos de ley vinculados a estos contratos hasta contar con estudios hidrogeológicos completos sobre la disponibilidad de agua en las áreas de explotación.
Además, exige que se cumplir con la consulta previa, libre e informada a las comunidades afectadas y que se establezcan normas que obligan a realizar evaluaciones ambientales estratégicas antes de aprobar acuerdos similares
El documento refiere a que “La industrialización del litio debe adoptarse con la máxima transparencia, observando la normativa nacional e internacional, y considerando de manera seria los impactos sobre los recursos hídricos y los ecosistemas”.
Advierte que como organismo con estatus “A” reconocido por el Sistema de Naciones Unidas, su mandato constitucional le faculta para velar por los derechos humanos individuales y colectivos, así como por los derechos ambientales. Sobre esa base afirmó su compromiso de tomar todas las acciones necesarias para la protección y promoción de estos derechos “en beneficio de la población y de la vida en todas sus formas”. ¡BICENTENARIO DE BOLIVIA!
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