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Inextenso.- El bachiller y ejecutivo estudiantil de la Confederación Universitaria Boliviana (CUB), Max Mendoza Parra, incurrió en cuatro tipos penales al acceder a un cargo en el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB), sin tener los méritos necesarios y vulneró una serie de normas internas y legales en el país, aunque solo no hubiese podido, lo que se sospecha que fue ayudado por políticos, dirigentes, docentes administrativos y rectores que avalaron su cargo.
Max Mendoza Parra, efectivamente no cumplió los requisitos legales ni tener mérito académico y gana 21 mil bolivianos mensuales y este mes de mayo seguirá cobrando ese dinero de los universitarios y de los bolivianos que en resumen en los años de ejecutivo tendría que devolver 1.2 millones de bolivianos.
«Son los rectores responsables de haber otorgado un salario de más de 21 mil bolivianos mediante la resolución administrativa N°36/2018, firmada por el rector de la Universidad Tomás Frías de Potosí, (Roberto) Bohórquez, sin tomar en cuenta que para entonces Max Mendoza ya estaba prorrogado más cuatro años, cuando el Reglamento Interno define un mandato de solo dos años», según explica una declaración.
La resolución fue aprobada por todos los rectores que conforman el directorio de la CEUB, en franca violación al Art. 29 del Estatuto Interno que además dice que para ser miembro del directorio uno debe tener grado de doctor, magister, licenciado o ser docente titular por más de 5 años y Max Mendoza es simplemente bachiller.
Los delitos tipificados son; resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, daño económico al Estado y por el delito de usurpación de funciones.
Unos de los abogados dijo que Mendoza gana actualmente 21.870 bolivianos por mes y multiplicado por 48 meses, más 4 aguinaldos y una indemnización, habría recibido 1.224.720 bolivianos, monto que es un daño económico de manera directa al Estado.
Otras declaración revela que «Max Mendoza opera en todas las universidades con grupos de choque para elegir a dirigentes fraudulentos que son avalados por los rectores para favorecer a Mendoza y que éste siga viviendo de los recursos del sistema universitario en complicidad de los rectores».
En la cuenta de Mendoza existen nueve muertos en la UPEA, dos en la San Francisco Xavier, cinco en Potosí, y producto del accionar de esa “organización criminal”, sigue como ejecutivo «trucho».
Esta semana debería realizarse un Congreso Nacional de Universidades y planteó suspender este evento hasta encontrar al último culpable de los hechos ocurridos en la ciudad de Potosí. Y claro esperan la renuncia de Mendoza y enfrente a los cargos que debería tener y que la fiscalía debe realizar de oficio. (panbolivia.net)17/5/22 La Paz.
