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Inextenso (panbolivia.com) 26 febrero de 2021, La Paz.-Tras el tercer día de bloqueo al relleno sanitario por parte de un grupo de empresas privadas, la ciudad sufre un «atentado contra la salud» por el perjuicio que ocasionan en el recojo de residuos y su posterior traslado a Sak’a Churu.
La Alcaldía insta a desbloquear y reitera su compromiso de cancelar las deudas con un plan de pagos.
“Ni siquiera se trata de un incumplimiento de parte nuestra, se ha comprometido y se hacen los esfuerzos, están los compromisos y por ello queremos instar a las empresas a que reflexionen sobre el daño que están causando a la colectividad”, afirmó el director de Asuntos Jurídicos de la comuna, Fernando Velásquez.
Al menos 23 empresas, que alquilan maquinaria, decidieron bloquear el relleno sanitario con sus obreros desde el martes, exigen el pago de deudas contraídas. Al respecto, el secretario municipal de Gestión Ambiental de la Alcaldía, Ronald Pereira, aseguró que está en pie la propuesta que ayer el Alcalde Luis Revilla planteó mediante una carta.
El bloqueo que impide el depósito de los residuos en el relleno.
La Municipalidad se compromete a honrar las deudas en dos pagos: el 17 de marzo el primero y el resto, el 7 de abril. Sin embargo, ayer fue rechazada por uno de los empresarios, Davor Vargas, quien asumió responsabilidad colectiva de la protesta.
“Ante la situación de emergencia, porque repito este es un atentado a la salud pública, el Gobierno Municipal va a tomar las acciones legales en contra de este grupo de empresarios”, dijo Pereira. Explicó que en los últimos dos meses cancelaron Bs 9 millones por los servicios prestados y para el saldo se hizo ajustes presupuestarios según el plan de pagos planteado.
Mencionó que el bloqueo fue una ‘acción de hecho’ que asumieron y no correspondía, ya que debieron activar un proceso civil, al tratarse de deudas. En contrapartida, la Alcaldía analiza denunciar por la vía penal a los representantes de las empresas por perjudicar el servicio en Sak’a Churu. Los delitos detallados por el edil son: atentado contra la salud, atentado contra la seguridad de los servicios públicos, e impedir o estorbar el ejercicio de funciones.
Pereira aseguró que hay un plan de contingencia para el recojo de la basura, mientras se resuelva el conflicto. El funcionario edil explicó que debido a la reducción de recursos percibidos por transferencias del Tesoro General de la Nación (TGN) se provocó el retraso de pagos.
Dijo que la comuna es una institución seria con su compromiso. “Esto no se trata de los derechos de las personas, sino un atentado a la salud pública en medio de plena pandemia que puede ocasionar, en función a toda la basura, un incremento sustantivo de casos de COVID-19”, concluyó.
