La Paz/IN EXTENSO.- El Viceministerio de Transparencia, Seguridad Jurídica y Derechos Humanos reveló una red de irregularidades en la compra de un terreno y la construcción del nuevo edificio de la Gerencia Regional de la Aduana Nacional en la ciudad de Tarija, estimándose que el daño económico al Estado asciende a los 10 millones de bolivianos, tan solo en la fase de construcción.
La denuncia sindica a tres personas como; Karina Serrudo Miranda, expresidenta ejecutiva de la Aduana Nacional; Roye Rueda Pardo, representante de la empresa constructora Asociación Accidental Guadalquivir; y José Rivera Cisneros, vendedor del terreno y por el momento Serrudo fue denunciada por incumplimiento de deberes y conducta antieconómica y la misma podría ser detenida en cualquier instante.
García, en conferencia de prensa, indicó que espera que el Ministerio Público, “como director funcional del proceso”, pueda emitir las directrices necesarias y los requerimientos con celeridad.
Al margen de la denuncia, se comenzó a recibir mucha información adicional, “que estaría revelando conexiones entre altas autoridades de la Aduana, en la anterior gestión, con empresas privadas incluso con vínculos de parentesco”.
La autoridad indicó que continuarán los trabajos de investigación de las decenas de denuncias que recibió la Aduana. “Consideramos que al interior de la Aduana operaba una red de corrupción que tiene que ser desmantelada, por lo que por supuesto que estamos interviniendo a través de las unidades de transparencia y ningún caso va a ser dejado de lado”.
El viceministro, informó que los daños económicos derivados de estos hechos alcanzarían los Bs 10 millones, motivo por el cual se presentaron dos denuncias formales ante el Ministerio Público.
Según explicó la autoridad, la Aduana Nacional llevó adelante un proceso de contratación para la compra de un terreno, en el que un primer proponente presentó una oferta de Bs 1,7 millones, mientras que un segundo proponente propuso un precio referencial de Bs 2,6 millones.
ANTECEDENTES
El hecho de corrupción comienza en 2017, cuando la Aduana Regional Tarija convocó a una licitación para la compra de un terreno de al menos 1.000 metros cuadrados. El terreno fue adquirido por José Rivera, quien presentó una oferta más cara que su competidor. Pero aun así, fue adjudicado.
Sin embargo, el terreno no cumplía con los requisitos legales ni técnicos. Además, hubo un retraso considerable en la entrega legal del inmueble, que se formalizó casi dos años después, las deficiencias en el terreno incluyen un solo acceso vehicular, su cercanía a una quebrada y la falta de áreas verdes
Para el 2024, bajo la administración de Serrudo, se convocó a una nueva licitación para la construcción del edificio en el terreno cuestionado. La empresa Asociación Accidental Guadalquivir ganó el contrato, pero –según la denuncia– hubo un presunto direccionamiento del proceso.
El precio de la obra fue de Bs 21.992.304,03, un sobreprecio significativo si se considera que el costo del metro cuadrado en Tarija no debería superar los Bs 3.500, mientras que la obra alcanzó los Bs 6.247,81 por metro cuadrado, lo que representa un sobreprecio estimado del 56%.
La obra presentó graves deficiencias técnicas, como la elección de una cimentación inadecuada para el suelo arcilloso y la presencia de filtraciones permanentes de agua en el subsuelo.
Además, hubo un incumplimiento de plazos, ya que la obra debía concluir en 2025, pero sufrió retrasos importantes. La denuncia sostiene que tanto Serrudo como Rueda son responsables de autorizar y ejecutar una obra con sobreprecio, en un terreno inapropiado y sin cumplir las normativas urbanísticas.
Exigen la documentación contractual de la compra del terreno y la construcción, realizar una inspección ocular del inmueble y emitir la imputación formal contra los presuntos responsables. También solicitaron medidas cautelares para evitar la fuga de los involucrados. (12 AÑOS DE PRENSA ASOCIADA NACIONAL-PAN) Ahora puedes seguirnos en Facebook PAN Bolivia y en panbolnoticias.com
