La Paz/IN EXTENSO.- El Gobierno puso bajo una fiscalización el Museo de Orinoca que no factura un centavo y un asto millonario del dinero de los bolivianos, abrió una investigación por la contratación directa de la obra y dudas sobre la viabilidad del proyecto, que demandó una inversión millonaria de Bs 47 millones en infraestructura y cerca de Bs 2,5 millones en equipamiento, cuando debió ser invertido en la agricultura de la región.
Según el viceministro de Transparencia, Yamil García, dijo en las redes sociales la investigación se centra en dos ejes: la justificación del proyecto en la fase de pre inversión y las razones por las que se optó por una contratación directa en lugar de una convocatoria pública.
Ahora las ex autoridades deberán asumir responsabilidades tanto las autoridades que aprobaron el proyecto como quienes definieron su costo, además de quienes autorizaron la modalidad de contratación.
Añadió que tuvieron que suprimir de 161 decretos, a través del Decreto Supremo 5600, que permitían contrataciones directas. El Gobierno prevé múltiples investigaciones para evaluar transparencia, legalidad y posible daño económico al Estado.
La autoridad mencionó contrataciones de abogados internacionales gestionadas por la Procuraduría, donde se realizaron 12 procesos, de los cuales 10 fueron adjudicados al mismo bufete, con pagos que superan los Bs 54 millones.
Además las entidades como el Ministerio de la Presidencia, empresas públicas como BoA y Yacimientos de Litio Bolivianos también utilizaron estos mecanismos, que permitían invitaciones directas e incluso cláusulas de confidencialidad sobre montos y contratistas. PAN Bolivia ¡En Tus Manos
