Inextenso (panbolivia.com) junio 1 de 2021, La Paz.- Gobierno y fiscales del MAS de cualquier manera intentan enjuiciar a la expresidente Constitucional Jeanine Añez y lavar  el fraude perpetrado por Evo Morales y sus correligionarios el 2019, tras que los bolivianos le prohibieron eternizarse en el cargo y fue contra el mandato de la mayoría de los bolivianos.

Ahora el secretario general de la Fiscalía General del Estado, Edwin Quispe, informó que dentro de las denuncias recibidas en contra de la expresidenta constitucional Jeanine Añez, el Ministerio Público remitió tres requerimientos acusatorios a la sala penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), instancia que enviará a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) una solicitud de autorización para la activación del juicio de responsabilidades como establece la ley.

“En el marco de las competencias de la Fiscalía General del Estado, de las cuatro proposiciones acusatorias presentadas en contra de Añez por el Ministerio de Justicia, tres fueron remitidas al TSJ y una fue rechazada por falta de argumentos. Los delitos que se investigan son Resoluciones Contrarias a la Constitución y las Leyes, Incumplimiento de Deberes, Delitos Contra la Salud Pública, Discriminación, entre otros”, dijo Quispe, citado en un boletín de prensa.

Quispe explicó que el primer requerimiento acusatorio se debe a la aprobación de un crédito del Fondo Monetario Internacional (FMI), que no contaba con la autorización de la Asamblea Legislativa Plurinacional, en virtud a que no se habría cumplido con el procedimiento para la aprobación del crédito y que no siguió el conducto regular.

Mientras que el abogado de Jeanine Añez dice que cualquier proceso contra la expresidenta debe ir por la vía del juicio de responsabilidades

La defensa de la expresidenta considera que, si se investiga los decretos emitidos durante el gobierno Añez, las exautoridades deberán someterse a un juicio de responsabilidades

​Añadió que, el segundo requerimiento acusatorio está relacionado con la concesión irregular del servicio de Registro Público y Comercio a Fundempresa, para registro mercantil por 15 años, sin que se haya observado el procedimiento de licitación que establece la Ley N°2196 sobre la otorgación del Registro de Comercio.

El tercer caso tiene que ver con el Decreto Supremo N° 4200, por el que se habría vulnerado la libertad de expresión durante la cuarentena rígida por la pandemia del COVID-19.

Quispe explicó que el cuarto requerimiento acusatorio fue rechazado por falta de mayores elementos de justificación.

Este se refería a que Añez, en su condición de Presidenta constitucional, habría emitido órdenes para que policías, militares y personal de la Dirección de Migración del Estado Plurinacional de Bolivia no permitan el paso de compatriotas desde Chile a Bolivia durante la cuarentena rígida. “Cuando hasta la fecha no aclaran la gestión corrupta de Evo Morales con varios de enriquecimiento ilícito, sobreprecios, terrorismo manifiesto, lesa humanidad al no dejar pasar oxígeno para los enfermos con la COB es también responsables, quema de los Pumakataris, viviendas apaleaduras y otros”. (rc/rp)