IN EXTENSO/La Paz.- Según una denuncia, argumenta que durante los 14 años de gobierno del cocalero Evo Morales se cometieron una serie de violaciones sistemáticas a los derechos humanos, incluidas masacres, torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes.
Morales Ayma fue denunciado formalmente ante la Justicia argentina por la comisión de presuntos crímenes de lesa humanidad durante su mandato, que se extendió desde enero de 2006 hasta noviembre de 2019.
La acción legal fue impulsada por el Foro Argentino por la Democracia en la Región (FADER) junto a otras organizaciones de derechos humanos, que solicitaron que el caso sea investigado en el país en virtud del principio de jurisdicción universal.
La denuncia sostiene que durante los 14 años de gobierno de Morales se cometieron violaciones sistemáticas a los derechos humanos, incluidas masacres, torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes. Esta acusación se apoya en informes emitidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que documentan diversos abusos perpetrados durante ese período, según la agencia Infobae.
Los querellantes argumentan que el sistema judicial en Bolivia carece de independencia para investigar los hechos, debido a presiones políticas y cooptación institucional, lo que justificaría la intervención de tribunales internacionales o extranjeros, como los argentinos, para garantizar el acceso a la justicia.
¿De qué casos se esta hablando?:
Caso Dirk Schmidt.- Dirk Schmidt, ciudadano alemán radicado en Bolivia por más de tres décadas, fue acusado injustamente de terrorismo en 2010. La policía boliviana allanó su domicilio sin orden judicial y lo detuvo por poseer armas deportivas legales. Pasó más de dos años encarcelado en condiciones inhumanas, y aunque fue absuelto en 2014, continuó bajo restricciones y hostigamiento.
Caso Terrorismo 1.- Iniciado en 2009, involucró a varios ciudadanos acusados de integrar una supuesta célula terrorista con fines separatistas. Los imputados fueron detenidos arbitrariamente y sometidos a procesos judiciales plagados de irregularidades. En 2020, la justicia boliviana reconoció la inexistencia de pruebas y la motivación política del caso, dictando absoluciones.
Caso Fondo Indígena (Fondioc).- Marco Antonio Aramayo, exdirector del Fondo Indígena, denunció graves irregularidades en el manejo de recursos públicos, lo que le valió una represalia judicial sin precedentes: fue procesado en 256 causas simultáneas en todo el país. Aramayo murió tras años de encarcelamiento bajo condiciones extremas, lo que se considera una forma de tortura institucional.
Caso Alberto Leopoldo Díez Luque.- Detenido en 2017 durante un operativo policial por portar una sustancia equivocadamente identificada como cocaína, que resultó ser eucaliptol, un producto legal. Aun así, fue arrestado y sufrió maltratos antes de ser liberado.
Los impulsores de la denuncia exigen que la Justicia argentina actúe conforme al principio de jurisdicción universal, que permite juzgar crímenes de lesa humanidad sin importar dónde fueron cometidos, si los tribunales locales no garantizan un proceso justo e independiente. (panbolnoticias.com) ¡BICENTENARIO DE BOLIVIA!/Infobae
