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Inextenso (panbolivia.com) 12 febrero de 2021, La Paz.- Actitud criminal y delincuencial asumieron los legisladores masistas, que ordenados por el gobernante Luis Arce y Evo Morales, aprobaron este viernes una amnistía para supuestos «perseguidos» que en realidad son delincuentes , terroristas, incendiarios, criminales, apaleadores e incluso fueron algunos los que asesinaron a los mismos masistas por la espalda en Senkata en los enfrentamientos que provocaron ellos mismos tras la renuncia voluntaria de Evo Morales y escapó a México.
La aprobación podría provocar un desacato a la Constitución Política del Estado de Bolivia por los ciudadanos, ya que ahora se libera a toda una mafia del MAS por ley y dejan en las calles a gente malhechora, poniendo en peligro a los bolivianos.
Entre los beneficiarios de la amnistía esta el expresidente Evo Morales, quien está procesado por el delito de terrorismo, además de haber ordenado cortar el ingreso de alimentos a las ciudades de Bolivia, cuando se vio fuera de la presidencia,
A pocos menos de cuatro meses el partido de gobierno nuevamente, volvio a la delincuencia política y criminal, tras aprobar la amnistía que nada más es liberar a terroristas, criminales, apaleadores, ladrones, e hiciero mucho daño a los bolivianos en varias regiones del país y ahora nuevamente estarán en la calle.
En medio de gritos de la oposición, la mayoría del Movimiento al Socialismo (MAS) en la Asamblea Legislativa aprobó este viernes el Decreto Presidencial de Concesión de Amnistía e Indulto por Razones Humanitarias y Perseguidos Políticos, el cual favorece a personas procesadas durante el Gobierno de Jeanine Áñez.
Los opositores calificaron la sesión de «dictadura», debido a que el MAS, a solicitud del senador Leonardo Loza, declaró al medio día suficiente discusión, pasando directo a la votación, sin que puedan intervenir varios parlamentarios.
«Democracia sí, dictadura no», gritaron los opositores, lo cual también fue respondido con estribillos de los oficialistas.
El Decreto señala que busca restablecer los derechos de personas procesadas, como consecuencia de los conflictos políticos y sociales durante la crisis política institucional del Estado acontecida entre el 21 de octubre de 2019 y el 17 de octubre de 2020.
Sin embargo, en sus acápites específicos señala que los beneficiados de la amnistía e indulto son los procesados por el «Gobierno de facto», como el MAS nombra al periodo de Jeanine Áñez.
Entre los beneficiarios, el Decreto señala a «personas que fueron procesadas penalmente durante el Gobierno de facto (Constitucional), en franca vulneración de los derechos constitucionales, por la presunta comisión de delitos que tengan relación directa con los conflictos sociales dentro la crisis política institucional del Estado acaecida en el país entre el 21 de octubre de 2019 y el 17 de octubre de 2020».
Para el indulto señala que se beneficiarán «personas que cuenten con sentencia condenatoria ejecutoriada, por procesos penales iniciados durante el Gobierno de facto, en franca vulneración de los derechos humanos, garantías y libertades constitucionales».
También se otorga esos beneficios para detenidos de otros procesos, en el marco de evitar el hacinamiento carcelario, bajo condiciones entre las cuales están el haber cumplido cierto tiempo de condena, entre otros.
La norma es rechazada por la oposición porque considera que deja en la impunidad a responsables de hechos de violencia como la quema de los buses PumaKatari y el bloqueo al oxígeno medicinal en 2020. El MAS considera que es un acto de justicia. (rc/bs/md)
