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D´BOLEA (panbolivia) septiembre 20 de 2021, La Paz.- La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP) rechazan la inclusión en el proyecto de Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas de una disposición y advierten que vulnera la libertad de expresión y como consecuencia amordazar al periodismo.
En efecto, el artículo 11 del referido proyecto normativo expresa que “no se podrá invocar secreto profesional, reserva o confidencialidad en materia financiera, de valores, seguros, pensiones, comercial, tributario económico, notarial, registro civil, derechos reales, profesionales u otro, cuando la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) requiera información en el marco de sus atribuciones; esta información será obtenida de manera directa en el plazo y condiciones que la UIF establezca al efecto, sin necesidad de orden judicial, requerimiento fiscal, ni trámite previo alguno y estará libre de todo pago o costo judicial o administrativo”.
Este precepto, impulsado por el oficialismo, vulnera la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el artículo 107 de la Constitución Política del Estado, que instruye la regulación de la actividad periodística según la norma sectorial, que es la Ley de Imprenta, y el artículo 8 de la misma Ley de Imprenta, que expresa que “el secreto en materia de imprenta es inviolable”.
La imposibilidad de invocar el secreto profesional ante una orden de la UIF implica que los periodistas no podrán usar su derecho a otorgar la reserva o el anonimato a aquellas fuentes que así lo soliciten, antes de revelar manejos corruptos.
El secreto de imprenta es una institución universal del Estado de Derecho y ayuda a los periodistas a investigar la corrupción de quienes administran recursos públicos o privados en que se afecten los intereses colectivos. Es, por tanto, una herramienta que contribuye a la transparencia informativa y a la fiscalización del poder, lo cual fortalece la democracia, porque no hay sociedad plenamente libre sin información.
¿Qué es lo que, en realidad, busca el oficialismo con este intento de eliminar el secreto de imprenta de los periodistas?
Al eliminar el secreto de imprenta, se intenta instituir una “ley mordaza” para evitar que el periodismo investigue los malos manejos y así aumentar el secretismo y la opacidad en la administración de los recursos públicos, con lo cual la democracia se debilita y se incrementa la corrupción.
No es la primera vez que el MAS, fiel a sus inclinaciones autoritarias, busca imponer una “ley mordaza” y silenciar a los periodistas.
En consecuencia, los gremios periodísticos de mayor vida institucional en el país se declaran en emergencia ante este burdo intento de silenciar al sector y exigen la plena vigencia del secreto de imprenta, incluido en sus normas de regulación y autorregulación, y anuncian que harán llegar su denuncia a entidades internacionales que protegen la libertad de expresión. Sin libertad de expresión no hay democracia y la democracia muere cuando no hay luz ni transparencia.
NIEGAN TAL SITUACION
Como era obvio, las autoridades de gobierno negaron esta posibilidad, anunciando que no es el espíritu de la ley, aunque no convenció la supuesta aclaración que en el fondo genera inseguridad económica entre los bolivianos y quienes ejecuten esta ley sin impunes y podrán hacer lo que deseen, sin control alguno e incluso implantar pruebas, inculpar, poder averiguar cuentas en los bancos, sin que las personas sepan y menos avisados, afirma Luis V. Lavan economista.
Agrega que La ley pone en peligro a los bolivianos, ya que el gobierno pretende amedrentar a las personas de esta manera, aunque los nieguen las autoridades gubernamentales que de pronto pretende controlar el dinero de los bolivianos.
Lavan es del criterio que los primeros en ser investigados deben ser Evo Morales, Juan Ramón Quintana, Álvaro García Linera, Romero, Zabaleta, y otros políticos del MAS “es obvio que no lo harán, esa ley no llegará a su gente” (rc/bs/ec)
