La Paz/IN EXTENSO.- Un informe y pese a contar con aval legislativo, el gobierno de Luis Arce del MAS optó por devolver de forma anticipada los recursos destinados al Covid-19, lo que generó un perjuicio económico por millones de dólares en el país y recién se conoce esta situación, después de años.
En el juicio por el caso del Instrumento de Financiamiento Rápido (IFR) del Fondo Monetario Internacional (FMI), la defensa de los acusados planteó que el proceso judicial sea declarado improcedente y pide tramitar un juicio de responsabilidades.
El informe que fue filtrado refleja que la devolución anticipada del préstamo realizada por el gobierno de Luis Arce, pese a contar con respaldo legislativo, generó un perjuicio económico al Estado de aproximadamente $us 24 millones, situación que apunta específicamente al Banco Central de Bolivia (BCB).
El documento legal de los acusados del caso FMI menciona que “este juicio no tiene base jurídica para llevarse a cabo”, en referencia a una sentencia constitucional de 2024 que ratificó que la vía adecuada sería la Asamblea Legislativa; sin embargo, la acusación fiscal sostiene que el gobierno de Jeanine Añez incurrió en contratación de deuda sin autorización previa del Legislativo.
En tanto la defensa rechaza con base en dos leyes aprobadas antes del acuerdo con el FMI: la Ley 1267 del Presupuesto General del Estado 2020 que autorizaba explícitamente la contratación de deuda externa por hasta $us 1.500 millones y la Ley 1293 de abril de 2020 que dio luz verde para el uso de créditos y donaciones para la atención gratuita del covid-19. ¡BICENTENARIO DE LA REPUBLICA DE BOLIVIA!
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