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Inextenso (panbolivia.com) abril 27 de 2021, La Paz.- La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP) rechazan la querella por difamación y calumnia interpuesta por el abogado sentenciado Jhasmani Torrico, contra colegas periodistas que cubrieron su caso e informaron sobre las acusaciones y posterior condena de seis años y seis meses en su contra, por los delitos de secuestro y tortura.
El documento también indica que en un acto fuera de norma, la jueza penal Sofía Camacho Almanza solicitó, en el marco de la querella iniciada por Torrico, que 13 medios informativos proporcionaran los nombres de los periodistas que difundieron noticias sobre el caso denominado “abogado torturador”.
La ANPB y la APLP lamentan que la jueza Camacho ignore que está en vigencia la Ley de Imprenta, que establece el Tribunal de Imprenta como la jurisdicción especializada en estos casos de libertad de expresión; además, tanto la Constitución Política del Estado como la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José garantizan el trabajo de los periodistas y de los medios de comunicación.
La aplicación de sanciones penales a los periodistas, además de ser desproporcionada, lesiona la libertad de expresión, porque podría inducir a la autocensura y a limitar la información, lo cual es perjudicial para una sociedad democrática que necesita una prensa libre e independiente que fiscalice el ejercicio del poder y fortalezca el debate amplio y plural.
Fiel a la conducta ilícita por la cual fue sentenciado, el abogado Torrico, al interponer un proceso penal por difamación y calumnia, busca intimidar, amenazar y silenciar a los periodistas, pero en realidad vulnera la Constitución, la Ley de Imprenta y el Pacto de San José. Es repudiable que su aviesa pretensión sea secundada por la jueza Camacho, que no tiene competencia alguna en este caso.
Si bien es de público conocimiento que la justicia nacional confronta una profunda crisis a causa de la corrupción que la corroe y que es preferible evitarla, la ANPB y la APLP declaran que no permitirán que el abogado sentenciado Torrico y la jueza Camacho vulneren el derecho a la libertad de expresión de los periodistas y de las personas, en su intento de establecer este funesto precedente. Penalizar la libertad de expresión equivale a imponer una mordaza a los periodistas y a la ciudadanía y no lo vamos a permitir. Y reafirmamos que, SIN LIBERTAD DE EXPRESIÓN NO HAY DEMOCRACIA.
