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IN EXTENSO.- El Relator de la Organización de la Naciones Unidas (ONU) insta al Gobierno de lusi Arce del MAS poner fin al “abuso de las detenciones preventivas” y que las mismas deben ser excepcionales», inidica parte del informe de Diego García-Sayán, que hace poco estuvo de visita en Bolivia.
Fue en febrero que estuvo en Bolivia, y recién ahora se difundió el informe final del relator de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Diego García-Sayan, sobre la situación de la justicia en Bolivia.
En la misma se destaca la recomendación en la que insta al Gobierno a poner fin a las detenciones preventivas y observa, entre otras cosas, la elección de magistrados de la justicia.
El informe del relator de la ONU insta al Gobierno a poner fin a la generalización y abuso de las detenciones preventivas. Destaca que todas las personas procesadas tienen derecho a un juicio justo y a las garantías procesales que establecen los instrumentos internacionales y las normas bolivianas.
Agrega en la parte más importante que «Corresponde al Estado asegurar el derecho de toda persona privada de libertad a vivir en condiciones de detención compatibles con su dignidad personal».
ELECCIONES DE MAGISTRADOS
Otra observación está relacionada con la elección por sufragio universal de los integrantes de las altas cortes y el Consejo de la Magistratura.
«No ofrece las garantías suficientes para evitar injerencias políticas, no asegura el nombramiento de personas idóneas a los cargos ni ha generado legitimidad en los procesos de votación popular marcados por el ausentismo y el voto nulo o en blanco”, señala una de las conclusiones del informe.
Añade que los jueces, vocales y magistrados se encuentran en situación de alta vulnerabilidad, expuestos a diversas formas de injerencia o presión. Esta vulnerabilidad se debe a la falta de una carrera judicial, al alto número de jueces transitorios y remuneraciones bajas.
La injerencia política (como ocurre actualmente), así como la presión de agentes no estatales, sumadas a las bajas remuneraciones, abren la puerta a la corrupción.
Advierte que la carencia de autoridades judiciales, fiscales y defensa pública en el área rural, la falta de adecuada financiación, la deficiente gestión y la neutralización de la jurisdicción indígena mantienen a la justicia muy lejos de la gente y de las necesidades de la sociedad.
Pues la tendencia a la judicialización, por la vía ordinaria, de casos y situaciones que podrían ser procesadas de otra forma.
Y quizás lo más importante es la profunda desconfianza de actores políticos y sociales del país en la administración de justicia.
Finalmente precisa que el Tribunal Constitucional Plurinacional enfrenta una carga de trabajo elevado por el abuso de la figura de inconstitucionalidad para actuar sobre problemas y aspectos de los procesos judiciales ordinarios y la actividad qiue desarrolla, ya que no solamente se trata de juicios, sino de oros procedimientos que efectivamente retrasan a los operadores de la justicia en Bolivia.
(panbolivia.net-WordPress) 26/5/22, La Paz
