IN EXTENSO.- El diputado de Comunidad Ciudadana (CC), Marcelo Pedrazas, aseguró que la Procuraduría del operador del fraude Evo Morales, Wilfredo Chávez, perdió 800 millones por 11 casos perdidos, en una declaración recientemente en radio Panamericana.
Con esa base exige una auditoría y juicio de pagos y gastos que realizó en la administración del dinero e incluso pidió los montos que se pegaron a consultorías de abogados que se “avivaron”, encima acuerdos en las demandas que nunca se informó al detalle del dinero destinado de los bolivianos.
CASO BBVA
«Un caso que le hace a los bolivianos en esta última temporada es la pérdida con la BBVA, producto del tema del Fondo de Pensiones», dijo Pedrazas, respaldado por Alberto Astorga y Alejandro Reyes, también de CC, plantean enjuiciar a Chávez.
“Son 12 casos perdidos. Entonces, hay que procesarlo inmediatamente, no se puede ir así a su casa como si nada. Vamos a hacer el seguimiento correspondiente y sin duda tiene que caerle los procesos”, dijo Astorga.
Mientras que Reyes argumentó que el jefe de Estado, Luis Arce, tardó en darse cuenta del ineficiente trabajo que realizó la ahora exautoridad porque no defendió al Estado ante estrados internacionales, por el contrario, generó gastos millonarios.
“Realmente este procurador ha sido negligente, el peor de la historia. Se han perdido arbitrajes por más de 1.000 millones de dólares, no ha respondido nada; por lo tanto, la primera tarea del nuevo Procurador tiene que ser una auditoría a los gastos y a los procesos perdidos”, comentó Reyes.
En junio pasado, Chávez presentó un informe sobre los gastos por la compensación a empresas que demandaron al país en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias (CIADI).
EMPRESAS NACIONALIZADAS, ERA AMEJOR HACE NUEVAS
Como se conoce Bolivia ha sido objeto de demanda en conjunto por empresas transnacionales por un monto de 4.136.044.700 de dólares, el monto que ha pagado Bolivia por la nacionalización es de 985.281.010 dólares, del 100% de monto por los que nos han demandado, solo hemos pagado 23,82%”, afirmó. Sin embargo, eso no significa que el país haya ganado, solo que rebajaron los montos solicitados.
«Es cierto, el trabajo de la Procuraduría fue malo y hay que decirlo de manera tajante, pero esto viene acumulándose desde hace mucho tiempo, no es reciente. Me da la impresión que va a terminar, indudablemente, en auditorías profundas, incluso en procesos de investigación», dijo Reyes.
En los gobiernos de Evo Morales y Luis Arce, el Estado tuvo que pagar casi 1.000 millones de dólares al perder en arbitrajes internacionales, cuando don ese dinero era mejor instalar nuevas empresas y más fuentes de trabajo. Lo que explica que hubo un pésimo manejo de las nacionalizaciones como los juicios, que sospechan que Chávez recibió dinero para perderlos.
Desde la triste nacionalización de 2006, Bolivia enfrentó varjos procesos internacionales y que por arbitrajes, le costaron 985.281.010 dólares al Estado, de acuerdo a un informe de la misma Procuraduría General del Estado (PGE).
Según los datos Bolivia tenía cero casos a favor del Estado de 14 demandas resueltas hasta septiembre del pasado año, todas en beneficio de los inversores extranjeros por un monto de indemnización por $us 810,9 millones, según el informe “Impactos de las demandas de arbitraje de inversores contra Estados de América Latina y el Caribe”.
En esa oportunidad se conoció la decisión del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), a favor del Banco Bilbao Viscaya Argentaria (BBVA), en la que se ordenó al Estado a pagar 105 millones de dólares como indemnización e intereses por el proceso de nacionalización del sistema de pensiones (jubilados) que se inició en 2009.
El ex Procurador General del Estado, Wilfredo Chávez fue funesto para le economía del Estado y en consecuencia al dinero de los bolivianos y ese daño económico debe ser reembolsado.
Por su lado Manuel Morales del Conade dijo «Lastimosamente para Wilfredo Chávez, la Constitución Política del Estado, en el artículo 113, segundo parágrafo, establece el procedimiento de repetición».
«Consiste en que las autoridades del próximo gobierno van a expedir los recursos administrativos para cobrar de manera directa al ex procurador», analizó Morales. rc/jl/md/panbolivia.net/F:rs
