IN EXTENSO/La Paz.- La directora de Asuntos Jurídicos de la Alcaldía, Amparo Morales, anunció que el Ejecutivo municipal decidió presentar dos denuncias ante la Fiscalía contra los concejales del MAS por la aprobación ilegal de la Ley de Congelamiento de las Tarifas del Transporte Público. Una de las denuncias se fundamenta en resoluciones contrarias a la norma, mientras que la otra se basa en la usurpación de funciones.
Morales lamentó que las denuncias que fueron efectuadas con anterioridad fueran observadas por la Fiscalía, argumentando que la justificación presentada fue «totalmente fuera de lugar». Sin embargo, aseguró que se subsanaron las observaciones y que las denuncias continúan en la Unidad de Análisis del Ministerio Público.
Paralelamente, la directora jurídica destacó que el Concejo Municipal estaría considerando promulgar la referida ley. «Existen procedimientos establecidos en el reglamento del Concejo Municipal que no pueden ser ignorados por los concejales», advirtió.
La Alcaldía presentó observaciones a la ley recientemente aprobada, las cuales fueron rechazadas el día anterior, lo que les otorga un plazo de 10 días para realizar la promulgación.
No obstante, la Comuna está evaluando la legalidad de este rechazo, ya que consideran que fue aprobado de manera irregular, sin contar con los dos tercios de votos necesarios.
La presidencia del Concejo, Lourdes Chambilla, en declaraciones a la prensa argumentó que la intención es simplemente congelar las tarifas en su nivel anterior, sin establecer una nueva, lo que, según ellos, descarta la posibilidad de usurpación de funciones. Sin embargo, Morales enfatizó que, de acuerdo con la legislación vigente, la atribución de definir las tarifas de transporte público es competencia exclusiva del alcalde municipal.
«Al tratar el tema y pretender congelar una tarifa, están usurpando funciones que solo corresponden a la máxima autoridad ejecutiva», explicó y subrayó que la ley propuesta busca congelar una resolución que ya ha sido abrogada, lo que genera una serie de contradicciones e irregularidades.
«Han sido detalladas seis observaciones que hemos presentado, pero lamentablemente no han sido tomadas en cuenta y han sido rechazadas sin ningún análisis», concluyó.
Actualmente, la situación se encuentra en análisis para la admisión y asignación de un fiscal de investigación, mientras el Ejecutivo continúa defendiendo sus atribuciones y el cumplimiento de los procedimientos legales establecidos. (panbolnoticias.com) ¡BICENTENARIO DE BOLIVIA!
