Cochabamba/IN EXTENSO.- El viceministro de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Yamil García, denunció hoy en radio Panamericana de un daño conómico de más de 17 millones de bolivianos en la construcción y equipamiento de la casa ejecutiva de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), infraestructura que más que un bien público, parecía un hotel (motel) de cinco estrellas.
La autoridad explicó que el proyecto, ejecutado entre 2014 y 2015, durante el segundo mandato de Evo Morales, y que la misma carece de justificación técnica, económica y social.
Precisó que “Nos preguntamos de qué manera la construcción de una casa ejecutiva para directores y ejecutivos de YPFB ha contribuido a mejorar la vida de los bolivianos”.
La infraestructura tuvo un costo de aproximadamente Bs 2,5 millones, el mantenimiento superó los Bs 120.000 y el equipamiento, en diferentes procesos de contratación, superó los Bs 14 millones.
“No hablamos solamente de una infraestructura, sino de una serie de gastos que son considerados como un daño económico. En vez de ser una infraestructura al servicio de la sociedad, hemos observado que muchos de estos gastos, más que corresponder a una institución pública, parecieran ser de un hotel de lujo”, sostuvo.
Además se encontraron equipamientos “suntuosos”, como dormitorios con televisores de alta gama y equipos de sonidode Bose en cada habitación, cuadros de autor, muebles de diseño, equipos de comunicación que “parecían de karaoke”, así como equipamiento de cocina como si se tratara de una vivienda particular.
Cuetionó al decir “Nos preguntamos cuál era la utilidad para tener cuatro equipos suntuosos de sonido en los jardines. ¿Era para fiestas? Un solo equipo cuesta más de 500 dólares”, dijo, y comparó: “Mientras existían juzgados que no tenían ni para una grabadora, YPFB se daba el lujo de tener cuatro parlantes exteriores tipo para fiestas”.
DEMANDA
Ante ello, el Viceministerio formalizó una denuncia ante el Ministerio Público por un daño económico de más de Bs 17 millones, que incluye obra, supervisión, equipamiento y mantenimiento.
La denuncia es contra siete exautoridades de ese entonces: el presidente ejecutivo interino de YPFB, el gerente nacional de Administración y Finanzas, el jefe de la Unidad de Infraestructura y cuatro miembros del directorio que autorizaron el uso de recursos.
Los delitos denunciados son conducta antieconómica e incumplimiento de deberes.
“Toda asignación de recursos públicos debe tener una justificación económica, técnica y social, de tal manera que los recursos públicos sean una inversión y no sean, como en este caso, un gasto suntuoso”, concluyó.
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