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Inextenso (panbolivia) agosto 17 de 2021, La Paz.- El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) evidenció de un uso de fuerza excesivo y una ausencia de justicia durante el tiempo de violencia que se generó en Bolivia durante el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019, donde los masistas agredieron a varios bolivianos y provocaron una intervención agresiva para apasiguarlos. Además no comenta sobre si hubo fraude o «golpe».
Patricia Tappatá, miembro de este grupo, explicó que se analizó «no solo los eventos que causaron más o menos muertos, sino todos los hechos de violencia» y que se busca con este trabajo que estas acciones sean imprescriptibles.
El GIEI no se pronunció sobre si hubo fraude o golpe y más bien recomendó que se generen cambios en el poder judicial para que se garantice una independencia y se eliminen abusos en las detenciones, aunque la OEA ya se encargó de despejar y ratificar de que Evo Morales hizo fraude y fue el principal incitador a la agresión de los bolivianos con gente pagada junto a Quintana, Linera y los operadores que incendiaron, asesinaron, golpearon, quemaron 66 buses pumakataris.
La entrega del informe final fue realizado este martes en presencia de familiares de víctimas de Senkata y Sacaba como una parte de los enfrentamientos, pues también estos se suscitaron en Potosí, Sucre, Santa Cruz, La Paz en diferentes barrios, donde se cometieron abuso masista con enfrentamientos provocados por seguidores masistas pagados y se usó un excesivo uso de la fuerza.
Recomiendan que el Estado debe garantizar la «inaplicabilidad de amnistía» sobre los hechos luctuoso y que «las autoridades políticas deben abstenerse de opinar sobre la investigación penal».
BUEN NEGOCIO
El informe de los especialistas también pone de manifiesto un resarcimiento (dinero que con ansias presionaron los afectados, pero en este caso serán también seguramente para los no masistas) para las víctimas y que se apliquen sanciones para quienes resultaren responsables de las acciones violentas como la quema de la casa de la periodista Casimira Lema y de Waldo Albarracín del Conade. Pues la gestión de Evo Morales es responsable y en duda de Añez.
De acuerdo a Tappatá, existe una cifra de al menos 37 personas que murieron durante la crisis política-social de 2019 y que tuvieron la participación de agentes estatales de la fuerza y particulares pagados masistas con los ciudadanos que defendieron la democracia. (rc/bs)
