IN EXTENSO.- Intentando tapar el sol con un dedo y en medio de media verdades y mentiras para encubrir las brutalidad de la detención por parte de la policía y agentes desalmados, el fiscal desubicado Omar Mejillones del MAS pretendió justificar la aprehensión violenta del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y dijo que la comisión de fiscales que está a cargo del caso decidió descartar la citación para que declare y se emitió un mandamiento de apremio.
“La comisión de fiscales tiene la dirección funcional de la investigación y ese sentido se ha dispuesto emitir un mandamiento de aprehensión y ya no una citación, es por eso que se ha ejecutado ayer y se está simplemente imprimiendo el trámite que corresponde”, argumentó.
Los ciudadanos cruceños, abogados y políticos de oposición criticaron la detención de la autoridad durante la vacación y pese a la existencia de una sentencia constitucional que señala que no se puede ejecutar aprehensiones durante la vacación judicial.
Sobre esto, el fiscal dijo que la orden de aprehensión se emitió el 31 de octubre de la presente gestión, cuando aún no se había declarado vacación judicial. Agregó que la sentencia constitucional hace referencia a casos en los que el fiscal a cargo entra en vacaciones judiciales.
“Se tiene que tomar en cuenta que el proceso en cuestión tiene detenidos preventivos, el cuaderno de control jurisdiccional en su integridad ha pasado al juez de instrucción penal octavo de turno y el mismo está ejerciendo el control jurisdiccional del proceso”, comentó.
Pero curiosamente y con ironía el representante del Ministerio Público consideró que no hubo excesos en la aprehensión del gobernador, ya que se entrevistó con la autoridad y no recibió denuncia sobre posibles maltratos. También dijo que la salud del gobernador es estable y como alguien dijese es normal, cuando en realidad no es cierto, ya que el gobierno pidió llevarlo a la cárcel de Chonchocoro. Se trata de empleados públicos y un sector de las supuestas «víctimas» de los enfrentamiento del terrorismo que generó grupos y ordenados por Evo Morales y sus operadores el 2019, cuando hizo Fraude y no hubo el inventado supuesto y mentiroso «golpe».
Las víctimas que sus mismos compañeros del MAS asesinaron por la espalda a sus familiares y esa práctica fue ordenada para inculpar a los militares y civiles en la revuelta de los ciudadanos contra Evo Morales en medio de una corrupción galopante y Fraude.
«No tenemos denuncia de que hubiera existido algún tipo de abuso de funcionarios policiales al momento de aprehensión», dijo y aunque hubieses habido de igual manera habría obviado el hecho o minimizado como lo hizo con el juicio a la expresidente constitucional Jeanine Añez y siga el mismo camino de ir a parar a la cárcel en una venganza política por parte del gobierno que le da gusto a su jefe.
Mientras algunos legisladores intentan desinformar al intentar justificar con argumento «tontos».
CANAL 7 UNA VERGÜENZA
Uno puede entender que el Canal 7 que pagamos todos los bolivianos, durante los casi 17 años del gobierno del MAS en plena extinción, se haya brindado para confundir a la prensa, cuando se manera intencional los llevó a otra dirección junto a la polícía a un grupo de reporteros y camarógrafos. Para el colmo se encargaron de desprestigiar a los bolivianos, no les importa de quien sea y algo peor se mofan e ironizan de quienes están en contra del gobierno masista.
(panbolivia.net/WordPress) 29/12/22, La Paz.
rc/hj/md/bs
