IN EXTENSO.- El gobierno de Luis Arce a través del Ministerio Público, ahora intenta descabezar a los líderes cruceños, toda vez que presentó, este jueves. la resolución de ampliación de imputación formal a quienes supuestamente paralizaron esa ciudad por 36 días cuando en realidad fue una decisión de los Cabildos de los habitantes de la región. Aunque también se trata de una persecución política por parte del gobierno del MAS.
El gobierno partidista ya lo hizo los líderes del anterior gobierno de la presidente Constitucional Jeanine Añez, en el caso del falso golpe contra el fraude Evo Morales que sigue libre y la justicia y los oficialistas le encubren a su jefe cocalero, pero pese a varios casos pendientes no aceptan las demandas y menos investigan cuando se trata de masistas que se hicieron ricos y se hacen a costilla del dinero de los bolivianos.
EN EMERGENCIA
Este jueves 19 de octubre, los personajes que encabezaron el paro de 36 días en demanda de la realización del Censo sostuvieron una reunión de emergencia en los predios de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm) para discutir sobre la imputación interpuesta en su contra por la movilización que se registró entre octubre y noviembre del 2022, cuando fue una determinación de los Cabildos legales.
Los imputados dentro del caso son Rómulo Calvo, expresidente del Comité Cívico pro Santa Cruz; Vicente Cuéllar, rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm); Reinerio Vargas, vicerrector de la Uagrm; José Luis Santiesteban, abogado constitucionalista; y Fernando Camacho, gobernador de Santa Cruz.
Como se conoce, denuncia fue presentada el 11 de noviembre del año pasado por el dirigente de la Central Obrera Regional (COR) de El Alto y afín al Gobierno, Marcelo Mayta. La demanda fue aceptada por la Fiscalía de La Paz luego de dos días, pese a que los hechos acontecieron en la capital de Santa Cruz.
Los delitos tipificados en la imputación son terrorismo; resoluciones contrarias a la constitución y a las leyes; racismo; discriminación; atentados contra la libertad de trabajo; atentado contra la seguridad de los servicios públicos; impedir o estorbar el ejercicio de funciones; asociación delictuosa; y desórdenes o perturbaciones públicas.
VICERRECTOR
El vicerrector de la Uagrm, Reinerio Vargas Banegas, destacó la importancia de esta reunión y la necesidad de reactivar la Coordinadora por la Defensa de la Democracia. «La Coordinadora por la Defensa de la Democracia siempre ha estado vigente, pero necesitaba una oportunidad para su reactivación y se convocó para este jueves en los predios de la Uagrm», afirmó.
En la reunión se trataron tres puntos, el inicial en la restitución de la democracia, destacando la importancia de fortalecer las instituciones democráticas en un contexto en el que la democracia está en riesgo por los mismos masistas que nuevamente pretender eternizarse en el gobierno.
El segundo punto de discusión se enfocará en la situación de los presos políticos y los perseguidos políticos. Los reunidos expresaron su preocupación por la indefensión jurídica y económica de aquellos ciudadanos que han luchado en defensa de la democracia y que enfrentan la persecución.
Finalmente, el tercero es la defensa de los parques naturales, en particular, la Unidad de Conservación de Parques Naturales (UCPN), confirmando que es una sentencia inconstitucional, que amenaza la autonomía de las leyes que protegen los parques naturales.
Vargas de la universidad estatal adelantó que “Estamos convocando a esta Coordinadora para hablar de esos tres temas que son absolutamente candentes, y luego con las instituciones”. rc/jl/rp/panbolivia.net/Santa Cruz.
