#bolivia #lapazmaravillosa #justicia #manejada #mecuidastecuido
Inextenso (panbolivia) agosto 18 de 2021, La Paz.- “El sistema judicial no cuenta con las condiciones mínimas de independencia, transparencia e idoneidad, para encontrar la verdad e imponer recta justicia, como condiciones para una paz verdadera”, manifiesta el reciente pronunciamiento del Conade, Comunidad Ciudadana y Creemos.
Sobre el asunto el GIEI señala que se “observó la existencia de serias deficiencias del Estado boliviano en garantizar y respetar la independencia y autonomía del Poder Judicial y del Ministerio Público, además de debilidades en las capacidades de estas instituciones para garantizar la debida diligencia”.
También señala que entre las causas determinantes de la crisis de violencia del 2019 está la desinstitucionalización del Estado y la aguda polarización provocada por acciones de Evo Morales y sus colaboradores para quedarse indefinidamente en el poder, vulnerando la CPE, el Referendo del 21-F, la institucionalidad democrática.
Además, precisa, que las manifestaciones de protesta y las acciones directas de bloqueos en los caminos y las ciudades de Bolivia, que escalaron y estallaron en enfrentamientos y agresiones violentas, no ocurrieron de modo inesperado.
Fueron precedidas por discursos antagónicos de líderes reconocidos y por decisiones políticas y acciones que pusieron en tensión las reglas de funcionamiento de los mecanismos participativos de la democracia y las instituciones que deben vigilar su cumplimiento. Estos comportamientos menoscabaron la credibilidad en las instituciones y desconocieron acuerdos esenciales para el ejercicio de la democracia.
El Conade, CC y Creemos también destacaron que las investigaciones por violaciones a los derechos humanos podrían quedar en la impunidad y ser politizadas a través de una Fiscalía y justicia selectivas, «si no se dejan sin efecto la amnistía e indulto discriminatorio del gobernador Arce Catacora y el arbitrario sobreseimiento del caso fraude electoral anunciado por el Fiscal General del Estado».
Finalmente sostienen que entre septiembre y diciembre de 2019, se produjeron graves violaciones a los derechos humanos, que dejaron varias muertes, personas heridas, agresiones; además de destrucción de propiedad pública y privada; acciones para generar terror y amenazas. (rc/bs)
