La Paz/IN EXTENSO.- Mafias nacional e internacional se encargan de robar el oro de Bolivia durante años, mediante el contrabando y explotación ilegal, donde se advierte la presencia de funcionarios de alto vuelo y compradores de oro, además cooperativas mineras que pagan una miseria de impuestos o regalías a la regiones, contaminando los ríos y bosques
El último caso de los 189 kilos de oro abrió el paraguas de la corrupción de los civiles conj papeles falsos, pero los irónicos del caso paso como si nada pasó todos los filtros de control del estado boliviano, mostrando su debilidad o caso contrario los empleados públicos están comprometidos, que es los más probable.
Bolivia pierde millones de dólares anualmente por el robo o contrabando de oro, incluso Evo Morales hasta la fecha no devuelve las barras de oro que hurto según la ex alcaldesa de El Alto Eva Copa.
La Paz siempre el centro de este tipo de investigaciones que en teoría se conocen e investigan y siempre queda en la nada, porque existe una mafia en este rubro y están involucrados los del Senarecom, Ajam, Ministerio de Minería y otros, compradores de oro en el norte paceño, que venden el oro al Perú, Brasil y estos se están haciendo ricos con el oro boliviano en complicidad de inescrupulosos comunarios, mineros, cooperativistas, rescatistas y otros de la cadena mafiosa.
Un informe de la Fundación Milenio advierte que la explotación ilegal de oro ya no es un riesgo emergente, sino una amenaza real para la seguridad nacional.
La explotación ilegal de oro en Bolivia dejó de ser considerada un riesgo “Bolivia: La economía política de los mercados ilícitos y la criminalidad transnacional”, que estima que la minería aurífera informal e ilegal mueve alrededor de 4.000 millones de dólares al año.
El oro concentra la mayor parte de la minería informal, donde La Paz es la región más perjudicada actualmente por el robo y contrabando y a futuro los ríos contaminados y los bosques desmontados.
Un informe de este años, dice que aproximadamente el 80% de la actividad minera informal del país está relacionada con la explotación de oro.
Entre 500.000 y un millón de personas participan directa o indirectamente en actividades vinculadas con la extracción de minerales.
Esa explotación, sin control alguno se extiende por distintas regiones del país, los principales focos se encuentran en la Amazonía, especialmente en el norte de La Paz, Beni y Pando.
Existen leyes, pero son simplemente teoría y nadie la aplica o hace cumplir, y en la práctica todos se encargan de vulnerar las leyes en complicidad de los mafiosos y funcionario públicos que debería controlar cada gramo que se extrae de la tierra para asegurar sus regalías.
Es urgente intervenir todas las cooperativas mineras y eliminar las ilegales que se apostaron a lo largo de los ríos de Beni, Pando y el Norte Paceño, debe ser el ejército quien controle la salida de los gramos de oro de las explotadoras.
Un operativo de la AJAM contra la minería ilgal en ruta Tarija- Chuquisaca
El documento identifica a las cooperativas mineras como uno de los principales actores de esta actividad. En algunos casos, emplean métodos extractivos altamente destructivos para los ríos y ecosistemas, e incluso se han registrado conflictos con empresas mineras legalmente establecidas.
La bonanza del oro también atrajo a ciudadanos extranjeros, principalmente de China (exp’0lotan en el detrás del Illimani), Brasil, Colombia y Perú, quienes, según el informe, establecen vínculos con cooperativas y actores locales.
El estudio destaca particularmente el creciente flujo de ciudadanos chinos vinculados al negocio aurífero y advierte sobre la presencia de capitales extranjeros que aprovechan las debilidades institucionales para obtener beneficios económicos.
El informe señala también que recursos provenientes de actividades ilícitas pueden ser utilizados para financiar operaciones mineras y posteriormente ser blanqueados mediante la comercialización del oro.
La actividad está relacionada con el contrabando, la corrupción y la legitimación de ganancias ilícitas. Además, se reporta un incremento de la trata y tráfico de personas en campamentos y poblaciones mineras de la región amazónica.
Pues las zonas auríferas se han convertido en escenarios de disputas entre traficantes, cooperativas y comunidades por el control de los yacimientos.
Algunos expertos sugieren fortalecer la fiscalización de la actividad minera, controlar los flujos financieros ilícitos, combatir la corrupción, mejorar la cooperación internacional y reforzar las instituciones encargadas de enfrentar el crimen organizado. PAN Bolivia, ¡En Tus Manos!
