La Paz/IN EXTENSO.- El presidente Rodrigo Paz reconoció que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) no logró cumplir el objetivo de garantizar el abastecimiento de combustible y apuntó a abrir el mercado a las importaciones privadas, así como analizar el futuro de la subvención a los carburantes.
Agregó que de mantener la subvención estaría restando recursos que podrían destinarse a hospitales, colegios, carreteras, salud y educación, tema que también fue considerado por autoridades de los gobiernos subnacionales.
EL FRACASO DE YPFB
“El primer mandatario sostuvo “Hemos intentado de todas las formas de que YPFB pueda cumplir con sus objetivos, pero es parte de una institución que no logra llegar a los objetivos que quieren todos los bolivianos: tener combustible 24/7. Entonces, aperturamos el mercado, las importaciones y damos todas las garantías. A aquellos que quieran importar, sepan que el gobierno les dará todo el respaldo”, dijo Paz.
La situación fue analizada tanto en el oriente como en el occidente del país -con alcaldes y gobernadores- y que existe una conclusión compartida: los recursos obtenidos para atender necesidades sociales y de infraestructura no deberían destinarse al subsidio.
Además comparó la subvención con el contrabando de combustible y explicó que la diferencia de precios con otros países genera un incentivo para sacar carburantes de Bolivia y sostuvo que el Estado termina destinando recursos a mantener un precio que beneficia también a quienes desvían el combustible fuera del país.
Puntualizó que “El subsidio nos está haciendo daño y nos está quitando por semana hospitales, colegios, carreteras, infraestructuras, nos está quitando ítems de educación, ítems de salud, nos está quitando todo aquello que el boliviano necesita. O pagamos subsidio para que nos roben y se lleven el combustible a otros países o utilizamos esos recursos para las necesidades de los bolivianos”.
AUTOS CHUTOS
Paz se refirió a la legalización de autos chutos y planteó como otro asunto que debe ser debatido en la Asamblea Legislativa, considerando que esos vehículos también consumen combustible y circulan por las carreteras, mientras que una eventual legalización generaría ingresos tributarios para los municipios.
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