IN EXTENSO.- La comuna comenzó acciones administrativas y un proceso penal contra una familia y una empresa por el movimiento de tierras y construcciones ilegales que realizan en dos sectores del área protegida del Valle de la Luna – Cactario, en el macrodistrito de Mallasa. También denunció que en ambos casos, los escombros son echados a los aires de río.
“Esta zona se sobrepone como área protegida municipal que es el Valle de la Luna y el Cactario. Es en este sentido que la Secretaría de Gestión Ambiental iniciará el proceso administrativo sancionatorio por infracciones ambientales que están previstas en nuestro reglamento ambiental”, informó el secretario municipal de Gestión Ambiental y Energías Renovables, José Eduardo Galindo, en conferencia de prensa.
La autoridad municipal también expresó su preocupación pues en ambos sectores se utiliza maquinaria pesada para realizar el movimiento de tierras.
En tanto, la subalcaldesa de Mallasa, María del Carmen Navarro, dijo que las acciones de los supuestos propietarios se realizan en la zona de Aranjuez, final calle Acacias, sector que es parte del área protegida Valle de la Luna – Cactario.
Navarro también explicó que desde esta dependencia municipal se realizó varios procesos de fiscalización y notificaciones, e incluso se precintó las áreas donde se realizan los movimientos de tierra. Sin embargo, dijo, hicieron caso omiso, “los señores han roto los precintos y siguieron trabajando, lo cual es un delito penal”.
Actualmente, se sigue un proceso penal, por lo que los responsables deben presentar toda la documentación para avalar sus acciones. En ambos casos, los supuestos propietarios argumentan tener autorización de construcción de la Alcaldía de Mecapaca.
Navarro informó que el primer caso del movimiento de tierras implica a una familia y un socio para la construcción de una urbanización. “El señor España, su esposa y un socio más, quienes están haciendo movimientos de tierra en la zona de Aranjuez, bajo el pretexto de tener el permiso del Municipio de Mecapaca”, dijo.
Mientras que el segundo caso se refiere a la construcción de un edificio. “Tenemos otra empresa Zuelodicom que también está realizando movimiento de tierra. Aparentemente tiene una autorización para construir cuatro pisos, que le dio Mecapaca, sin embargo está construyendo siete pisos”, manifestó.
También advirtió que todo el material producto del movimiento de tierras y escombros son echados a aires de rio, aspecto que vulnera las leyes ambientales nacionales y que podría causar situaciones de emergencia que podrían afectar a los vecinos de Mallasa.
Desde la Secretaría Municipal de Gestión Integral de Riesgos (SMGIR), se reveló que a causa de esas acciones privadas y que no respetaron la alerta naranja que se declaró en el municipio paceño en esta época de lluvias, se generó mazamorras. Además se identificó que se realiza movimientos de tierras en taludes, lo que podría causar deslizamientos en la parte superior y que en caso de presentarse sería de responsabilidad exclusiva de quienes están ejecutando esas acciones.
En tanto, el concejal Jorge Dulon lamentó que esas dos acciones privadas sean producto de la falta de una definición de los límites municipales, aspecto que provoca que municipios vecinos autoricen construcciones en territorio paceño.
“Hay un problema de límites, hay un problema que no ha sido zanjado, que es parte de la responsabilidad de la Gobernación de La Paz que debe convocar a los municipios para que podamos sentarnos y definir el problema de límites”, manifestó el concejal que en cualuier momento podría ser detenido por acoso, ante una denuncia política de una concejal del MAS que ya estuvo organizando movimientos irregulares contra los paceños.
El presidente de la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) La Paz, Jorge Paredes, presente en la conferencia de prensa, afirmó que recibieron varias denuncias de ese sector y pidieron la intervención municipal, ya que más adelante podría causar problemas de riesgos.
“La Fejuve no va a permitir estos movimiento de suelos ilegales que con el tiempo pueden provocar daños imprevisibles a la ciudadanía de Aranjuez”, aseguró el dirigente.
