La Paz/IN EXTENSO.- El Gobierno presentó una querella penal contra 19 personas, entre ellas cuatro exministros de Defensa, por irregularidades en la compra e implementación de un sistema de 13 radares que ocasionó un daño económico de Bs 1.478 millones, según el actual ministro de Defensa, Ernesto Justiniano.
La denuncia se sustenta en una auditoría que identificó problemas en el funcionamiento de los equipos y una serie de irregularidades que derivan en un proceso ante el Ministerio Público.
El ministro, dijo que la querella incluye a los exministros de Defensa: Reymi Ferreira (gobierno de Evo Morales), Javier Zabaleta (gobierno de Evo Morales), Luis Fernando López (gobierno de Jeanine Añez) y Edmundo Novillo Aguilar (gobierno de Luis Arce), además de otras 15 personas, aunque se apunta a que la investigación establezca los actos concretos, las decisiones adoptadas y las responsabilidades individuales de cada uno de los involucrados.
Agrego que “En 2016, Bolivia contrató por más de 191 millones de euros un sistema compuesto por 13 radares civiles y militares, centros de control, comunicaciones, obras civiles, software, capacitación y transferencia tecnológica. Y hay un elemento fundamental, no se compraron radares aislados. Se contrató un proyecto llave en mano. Eso significa que el Estado debía recibir un sistema completo, integrado, funcional y puesto en operación”, señaló el ministro.
El contrato original establecía un plazo de entrega de 31 meses; sin embargo, durante su ejecución se suscribieron siete contratos modificatorios, bajo cuatro gestiones ministeriales diferentes, tema que alteró sucesivamente plazos, garantías, obligaciones y mecanismos de recepción.
Puntualizó “El plazo contractual pasó de 31 meses a 82 meses y recién se hicieron las pruebas. La demostración final fue, aproximadamente, a los 98 meses. Pero el problema no es solamente cuánto tiempo demoró, la auditoría identificó observaciones en la contratación, en las modificaciones contractuales, en las garantías, en los procesos de recepción y en el resultado operativo del sistema”, dijo el ministro.
Según la Procuraduría General del Estado, los tipos penales que se están acusando son contratos lesivos al Estado, incumplimiento de contratos, conducta antieconómica e incumplimiento de deberes.
Además, lo informes técnicos incorporados a la auditoría registraron que de los 13 radares dos se encontraban operativos sin observaciones, nueve estaban operativos con observaciones y dos no estaban operativos, de acuerdo con el ministro.
“La unidad de auditoría interna cuantificó un posible daño económico estimado superior a Bs 1.478 millones (…) Debe ser uno de los contratos más grandes que ha realizado el Estado, sino el más grande”, afirmó.
PAN NOTICIAS
En Tus Manos!
