La Paz/IN EXTENSO.- La Unión Europea (UE) oficializó la incorporación de Bolivia a su lista de “terceros países de alto riesgo” en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
La decisión, formalizada mediante el Reglamento Delegado (UE) 2026/83 aprobado por la Comisión Europea el 4 de diciembre de 2025 y publicado en el Diario Oficial de la UE el 9 de enero de 2026, añade al país junto a las Islas Vírgenes Británicas y presiona al Gobierno boliviano para acelerar las reformas exigidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
A pesar de que Bruselas reconoció avances desde la evaluación de diciembre de 2023 –como una mejor comprensión de los riesgos, mayor producción de inteligencia financiera y capacidad de decomiso–, concluyó que las medidas aún son insuficientes para corregir las deficiencias estratégicas del país. Bolivia permanece bajo la vigilancia reforzada del GAFI desde junio de 2025.
La medida no constituye una sanción económica, bloqueo comercial ni congelamiento general de activos. Sin embargo, impone medidas de debida diligencia reforzada a las instituciones financieras europeas para cualquier operación vinculada a Bolivia, lo que se traducirá en ka exigencia de más información sobre el origen y destino de los fondos, procesos de verificación más prolongados y mayores costos de cumplimiento para bancos, inversionistas y empresas y una mayor percepción de riesgo en un momento clave para la atracción de inversiones y el acceso a divisas.
Para revertir la clasificación, Bolivia debe avanzar en las exigencias fijadas por la UE y el GAFI para 2026, como habilitar el uso de técnicas especiales de investigación en casos de lavado de activos, implementar supervisión basada en riesgos sobre abogados, contadores, agentes inmobiliarios y comerciantes de metales y piedras preciosas, garantizar la actualización y exactitud de la información sobre los beneficiarios finales de las empresas e incrementar las investigaciones, procesos judiciales y sanciones por lavado de dinero.
En la misma resolución, la UE retiró a seis países africanos (entre ellos Nigeria, Mozambique y Sudáfrica) tras certificar sus progresos, dejando en claro que el retiro de Bolivia dependerá de la efectividad real de sus reformas institucionales.
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